Afectados por el Amianto

¿CUÁLES SON LAS ACTUACIONES LEGALES QUE DEBEN REALIZARSE POR LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR EL CONTACTO CON EL AMIANTO?

2009-11-13T14:07:00.004+01:00

En primer lugar, es absolutamente recomendable que cualquier trabajador que haya realizado trabajos en contacto, ya sea directo, o incluso indirecto, con el amianto y especialmente los que hayan tenido un contacto de larga duración, acudir a los servicios médicos especializados para que puedan disponer de un seguimiento médico adecuado para prevenir en lo posible las consecuencias que el contacto con el amianto conllevan, prácticamente de forma segura, en el deterioro de la salud del trabajador. En este sentido, es fundamental informar a los especialistas de los periodos de contacto con el amianto.

Desde el punto de vista legal, son variadas las actuaciones que pueden llevarse a cabo para una mejor defensa integral de los intereses jurídicos de los trabajadores afectados.

En primer lugar, si el afectado se encuentra en situación de invalidez permanente, habrá que analizar la posibilidad de solicitar una revisión por agravación, a efectos de conseguir una invalidez de mayor grado y con ello, obtener una pensión de mayor cuantía.

Es importante saber también, que al tratarse de enfermedad profesional, incluso aunque el trabajador sea pensionista de jubilación, es posible solicitar una pensión de invalidez permanente y una vez que esté concedida, optar por la que resulte más favorable económicamente.

Otra de las actuaciones posibles, especialmente para los trabajadores que tengan la invalidez reconocida, es solicitar ante en Instituto Nacional de la Seguridad Social un recargo de las prestaciones por falta de medidas de seguridad que puede oscilar entre el 30 y el 50% de la invalidez, dependiendo de la gravedad de la falta de medidas de seguridad.

Asimismo abrimos una nueva vía de reclamación consistente en la petición de indemnización de daños y perjuicios contra la empresa en la que se haya producido el trabajo en contacto con el amianto. Aquí hay que tener en cuenta la posible responsabilidad solidaria de las empresas principales cuando se trate de contratas que realizan su actividad en el propio centro de empresa principal.

Finalmente, nuestro despacho está abriendo una nueva vía de reclamación consistente en el planteamiento de reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra las Administraciones Públicas que tenían a obligación de velar por que la normativa sobre la materia se aplicara efectivamente en las empresas y que lamentablemente no se controló de forma adecuada.

Ramón Dávila, abogado pionero en la defensa de trabajadores afectados por el contacto con el AMIANTO

2009-11-13T13:50:00.004+01:00

Nuestro despacho, fue uno de los pioneros en iniciar reclamaciones especiales para los trabajadores que resultaron afectados en su salud por la realización de trabajos en contacto con la fibra de amianto.

Ya en el año 1985, la entonces Magistratura de Trabajo Nº2 de Cádiz dictó una sentencia, posteriormente confirmada integramente por el Tribunal Central de Trabajo, que declaró la relación directa entre el adenocalcinoma de pleura que padecía el trabajador y el trabajo realizado por el mismo en contacto con el amianto y condenó, tanto a la contrata "Montero Kaeffer, S.A" y a "Astilleros Españoles, S.A." a pagar una indennización por los daños y perjuicios sufridos por el trabajados.

Posteriormente, han sido numerosos los casos donde hemos intervenido en defensa de los intereses de los trabajadores afectados.

El caso del amianto: 20.000 trabajadores gaditanos estuvieron expuestos

2009-11-13T11:18:00.000+01:00

El veterano abogado Ramón Dávila es uno de los letrados que defiende a las víctimas del amianto, que van dando la cara poco a poco, personas que sufren cáncer debido a la exposición a este material, que es un asunto global. Dice que unos 20.000 trabajadores han estado expuestos al amianto en sus trabajos navales, muchos de ellos de contratas. Dávila nos explica que mantiene una unidad de acción con dos despachos de abogados de los Estados Unidos y compañeros de Gijón y otros puntos de España. El amianto es un mineral que durante mucho tiempo se ha usado en la industria y la construcción. Desde hace algunos años está prohibido su uso, ya que causa efectos negativos sobre la salud de las personas. Por su flexibilidad, durabilidad y resistencia a las altas temperaturas, está presente en muchos productos y materiales usados en los edificios: tejados, cemento, pavimentos, etc. Desde hace algún tiempo, se ha prohibido su uso, ya que tiene efectos muy negativos para la salud de las personas.

Es un tema interesante, síguelo en debate: ONDA CÁDIZ RTVI

http://pepecontreras.blogspot.com/

http://www.davilayasociados.es

Comentarios al Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajo

2009-11-13T11:08:00.000+01:00

La Exposición de Motivos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, comienza afirmando que el objetivo prioritario de la Norma es el desarrollo y cumplimiento del Mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de la Constitución, que encarga a los poderes Públicos velar por la SEGURIDAD Y SALUD en el trabajo y acaba concluyendo que este precepto, junto al compromiso derivado de la pertenencia a la UNION EUROPEA, configura el soporte básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.

La seguridad y la salud de los trabajadores han sido objeto de diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por España y que, por tanto, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Destaca, por su carácter general, el Convenio número 155, de 22 de junio de
1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, ratificado por España el 26 de julio de 1985 y, por su carácter específico, el Convenio número 162, de 24 de junio de 1986, sobre la utilización del asbesto, en condiciones de seguridad, ratificado por España el 17 de julio de 1990.

En el ámbito de la Unión Europea, el artículo 137 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece como objetivo la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Con esa base jurídica, la Unión Europea se ha ido dotando en los últimos años de un cuerpo normativo altamente avanzado que se dirige a garantizar un mejor nivel de protección de la salud y de seguridad de los trabajadores.

Ese cuerpo normativo está integrado por diversas directivas específicas. En el ámbito de la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, fueron adoptadas, en concreto, dos directivas. La primera de ellas fue la Directiva
83/477/CEE, del Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. Esta directiva se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Posteriormente fueron aprobadas una serie de normas como complemento a las disposiciones del reglamento. La primera fue la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Posteriormente se aprobaron otras normas que regulaban y desarrollaban aspectos más concretos sobre esta materia: Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 8 de septiembre de 1987, sobre tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados
en la determinación de fibras de amianto; Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 22 de diciembre de 1987, por la que se aprueba el modelo de libro registro de datos correspondientes al Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto; Resolución de la Dirección General de
Trabajo, de 20 de febrero de 1989, por la que se regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de la exposición al amianto.

Nuevamente teniendo como origen el ámbito comunitario, la aprobación de la Directiva 91/382/CEE, de 25 de junio, modificativa de la Directiva 83/477/CEE, obligó a modificar las normas españolas. Ello se llevó a cabo mediante la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
EXPOSICIÓN AL AMIANTO de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los artículos 2.º, 3.º y 13.º de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2.º de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.

Actualmente, la aprobación de la Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, que una vez más modifica a la Directiva 83/477/CEE, obliga a adaptar la legislación española en esta materia. Entre las diversas posibilidades de transposición de la citada directiva, se ha optado por la aprobación de una norma en la que, al tiempo que se efectúa esta adaptación de la normativa española a la comunitaria, se incorpore toda la dispersa regulación española sobre esta materia, evitando desarrollos o remisiones a regulaciones posteriores. Ello responde a la
necesidad planteada desde todos los ámbitos implicados de dotar a la normativa española sobre el amianto de una regulación única, evitando la dispersión y complejidad actual, que se vería aumentada en caso de proceder a una nueva modificación del reglamento.

Junto a la exigencia comunitaria, se procedió a la actualización del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984 introducía en el ámbito de los trabajos con amianto conceptos preventivos desconocidos en nuestra normativa, entonces denominada de seguridad e higiene: evaluación de riesgos, formación e información de los trabajadores, etc.
Desde 1984, España se ha dotado de un marco jurídico sobre prevención equiparable al existente en los países de nuestro entorno europeo, y ello exigió una actualización de las disposiciones sobre esta materia,
adaptándolas a ese nuevo escenario.

Esta actualización tiene también su base en la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, que estableció la prohibición de utilizar, producir y comercializar fibras de amianto y productos que las contengan.

El Real Decreto consta de diecinueve artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y cinco anexos. Los artículos se agrupan en tres capítulos:

En el primer capítulo se incluyen, como disposiciones de carácter general, el objeto, las definiciones y el ámbito de aplicación.

En el capítulo segundo se han agrupado las obligaciones del empresario en cuestiones tales como:

límite de exposición y las prohibiciones en materia de amianto

la evaluación y control del ambiente de trabajo

las medidas técnicas generales de prevención y las medidas organizativas

condiciones de utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias

las medidas de higiene personal y de protección individual

las disposiciones específicas para la realización de determinadas actividades

los planes de trabajo previos a las actividades con amianto y condiciones para su tramitación

las disposiciones relativas a la formación, información y consulta y participación de los trabajadores

las obligaciones en materia de vigilancia de la salud de los trabajadores.

Finalmente, en el tercer capítulo se han agrupado una serie de disposiciones de contenido vario, aunque dominadas por su carácter documental:

inscripción en el Registro de empresas con riesgo por amianto;

registro de los datos y archivo de la documentación;

tratamiento de datos generados al amparo del real decreto.

RAFAEL DAVILA GUERERRO

RDAVILAYASOCIADOS